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El conflicto en Irán podría elevar los costes de energía, transporte y materiales, afectando a la planificación y rentabilidad de proyectos.
La evolución del conflicto en Irán y su posible extensión a otros países del Golfo Pérsico vuelve a situar en primer plano la estabilidad de los mercados energéticos y de materias primas. En un contexto de elevada interdependencia económica, cualquier tensión prolongada en la región puede trasladarse con rapidez a los costes de producción y transporte, con efectos directos en sectores intensivos en energía como la construcción.
Uno de los puntos estratégicos que concentra mayor atención es el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el tránsito mundial de petróleo y gas. Una eventual restricción del tráfico en esta zona podría generar problemas de suministro energético y obligar a desviar los envíos por rutas más largas y costosas.
Desde el despacho GTA Villamagna advierten de que, en economías como la europea, con una alta dependencia energética exterior, este tipo de tensiones geopolíticas pueden amplificar las presiones inflacionistas y afectar a múltiples cadenas de valor industriales.
La industria de la construcción se encuentra entre las más expuestas a escenarios de volatilidad energética. La ejecución de proyectos depende en gran medida del coste de la energía, el transporte y materiales intensivos en consumo energético, lo que amplifica el impacto de cualquier alteración en los mercados.
Según explica Mercedes Bértolo Martín de Rosales, socia de GTA Villamagna, las disrupciones en los mercados energéticos o en las cadenas de suministro suelen trasladarse rápidamente al precio de los materiales de construcción.
Este fenómeno ya se observó tras la pandemia de Covid-19 y durante el inicio de la guerra de Ucrania, cuando el aumento extraordinario de los costes energéticos y de determinadas materias primas afectó directamente a la ejecución de obras.
En respuesta a esa situación, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, que introdujo medidas excepcionales de revisión de precios en contratos del sector público, especialmente en aquellos casos en los que no resultaba aplicable el sistema ordinario de actualización de precios.
En escenarios de tensión internacional, los primeros insumos en reflejar la volatilidad suelen ser los combustibles y productos derivados del petróleo. Su encarecimiento termina trasladándose a materiales clave para la construcción, como:
A ello se suman los costes logísticos asociados al transporte, que también se ven afectados por el incremento del precio de la energía. El resultado es un aumento de los presupuestos de ejecución de proyectos y una mayor incertidumbre en su planificación económica.
Según Bértolo, si el conflicto se prolonga, el impacto inmediato podría traducirse en un incremento del precio de la energía y, en cadena, de los costes de transporte y materias primas, introduciendo un factor relevante de incertidumbre para promotores y contratistas.
Cuando los costes de ejecución se incrementan de forma significativa e imprevista, puede producirse un desequilibrio entre el precio pactado en el contrato y el coste real de la obra.
En los contratos de larga duración, este desajuste puede afectar al equilibrio económico del proyecto. Para los contratistas, el principal riesgo es la reducción o desaparición de los márgenes de beneficio si los sobrecostes no pueden trasladarse al contrato.
Para los promotores, en cambio, el impacto suele materializarse en:
En palabras de Bértolo, cuando se producen incrementos sustanciales en energía, transporte o materias primas, es necesario analizar los mecanismos contractuales existentes o iniciar procesos de renegociación para evitar que el proyecto resulte económicamente inviable.
Desde el punto de vista jurídico, los contratos de obra suelen incluir herramientas para gestionar estas situaciones. Entre las más habituales destacan:
Estos mecanismos permiten ajustar el precio del contrato cuando se producen variaciones significativas en los costes de los insumos.
Cuando el contrato no contempla estas herramientas, las partes suelen recurrir a adendas contractuales para revisar el precio pactado. En cambio, la aplicación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus tiene un alcance más limitado, ya que los tribunales suelen considerar que las oscilaciones del mercado forman parte del riesgo empresarial.
Ante escenarios de mayor volatilidad, las empresas del sector están reforzando el análisis de riesgos en la negociación y formalización de contratos.
La tendencia apunta a incorporar sistemas de revisión de precios más precisos, vinculados a índices que reflejen mejor la evolución real de los costes de los insumos, así como mecanismos de renegociación o resolución temprana de conflictos.
En proyectos de larga duración y precio cerrado, estas cláusulas cumplen una función clave para preservar el equilibrio económico del contrato, permitiendo ajustar el precio cuando se producen variaciones sustanciales en los costes de energía o materiales.
