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El proyecto trabaja con hogares vulnerables para identificar barreras, facilitar financiación y medir los efectos sociales y ambientales de las rehabilitaciones.
El proyecto europeo Irene desarrolla un modelo de rehabilitación energética inclusiva de edificios residenciales dirigido especialmente a hogares y barrios afectados por la pobreza energética. La iniciativa busca mejorar la eficiencia de las viviendas evitando que las actuaciones provoquen desplazamientos de residentes o procesos de gentrificación.
Financiado por el programa Life de Transición hacia una Energía Limpia de la Unión Europea, el proyecto comenzó en septiembre de 2025 y se prolongará hasta agosto de 2028. El consorcio está formado por diez organizaciones de Bélgica, Lituania, Países Bajos y España, entre administraciones locales, universidades, centros de investigación, asociaciones de consumidores y especialistas en eficiencia energética.
La coordinación corresponde a Global factor international consulting. El proyecto se enmarca en los objetivos europeos vinculados al Pacto Verde Europeo, la estrategia Renovation Wave, los objetivos energéticos y climáticos para 2030 y la neutralidad climática prevista para 2050.
La metodología de Irene parte de la identificación de las barreras que dificultan que los hogares vulnerables puedan acceder a las actuaciones de rehabilitación energética.
Para ello, el proyecto contempla diagnósticos locales y mapas de indicadores de pobreza energética, además de entrevistas con residentes. A partir de esta información, los participantes trabajan en el diseño de estrategias de rehabilitación adaptadas a las características sociales, económicas y regulatorias de cada territorio.
La iniciativa también estudia soluciones de financiación, recomendaciones para las políticas públicas y mecanismos de acompañamiento técnico, financiero y legal. El objetivo es facilitar que los residentes puedan participar en las decisiones y acceder a los programas de renovación disponibles.
Este enfoque pretende abordar uno de los principales retos de la rehabilitación del parque residencial, garantizar que las mejoras de eficiencia energética sean accesibles para los hogares con mayores dificultades económicas.
El proyecto se está probando en Vilna, Vilvoorde, Lovaina y Madrid, cuatro ciudades con diferentes condiciones climáticas, socioeconómicas y regulatorias.
En todas ellas se están cartografiando indicadores de pobreza energética, realizando entrevistas a residentes y creando Centros de Justicia Energética, espacios destinados a conectar a administraciones públicas, organismos de investigación y organizaciones sociales.
Estos centros tienen como finalidad establecer una red estable para el intercambio de conocimientos, la identificación de buenas prácticas y el desarrollo de modelos de rehabilitación inclusiva que posteriormente puedan trasladarse a otros territorios europeos.
Los mecanismos de intervención varían según la infraestructura existente. En Vilna y Vilvoorde, donde ya funcionan oficinas de ventanilla única para rehabilitación, Irene trabaja en reforzar estos servicios para mejorar la atención a hogares vulnerables.
En Lovaina y Madrid, en cambio, se están desarrollando nuevos mecanismos de apoyo técnico, financiero y legal para acompañar a los residentes durante las distintas fases de la rehabilitación.
Los primeros trabajos ya han permitido obtener resultados de participación. En Vilvoorde se ha contactado con más de 200 residentes mediante sesiones informativas y visitas a viviendas, mientras que más de 50 hogares han recibido asesoramiento personalizado.
En Madrid, el proyecto trabaja en el barrio de Puerto Chico, donde alrededor de 200 residentes han participado mediante talleres y encuentros vecinales.
Las actuaciones facilitan información sobre programas públicos disponibles, entre ellos el Plan Rehabilita 2026, el Plan Transforma tu Barrio 2026 y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Paralelamente, el Csic está realizando análisis ambientales y termográficos, instalando sensores para medir las condiciones de confort y caracterizando materiales urbanos. Estos trabajos permitirán evaluar los efectos de las intervenciones de rehabilitación.
Hasta agosto de 2028, Irene analizará los resultados ambientales, sociales y económicos obtenidos mediante la rehabilitación de edificios, la participación ciudadana y los servicios de acompañamiento energético.
Entre los aspectos que se evaluarán figuran la reducción del consumo energético y de las emisiones de carbono, las condiciones de vida de los residentes, la capacidad de movilizar inversión y la coordinación entre administraciones, entidades técnicas y ciudadanía.
El proyecto prevé convertir las experiencias de las cuatro ciudades piloto en metodologías replicables en otros territorios europeos, con especial atención a la incorporación de los hogares vulnerables a los programas de rehabilitación energética.
