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El amianto, conocido por todos como “uralita”, se convirtió entre las décadas de 1960 y 1990 en el material estrella de nuestra construcción gracias a su bajo coste y su gran resistencia. Sin embargo, hoy sabemos que es una amenaza silenciosa.
El verdadero peligro llega con el paso del tiempo: al deteriorarse, las estructuras liberan unas microfibras invisibles que, si se inhalan de forma continuada, pueden provocar enfermedades respiratorias muy graves, como la asbestosis o el cáncer de pulmón.
Ante esta situación, y con las exigentes fechas límite que marca la Unión Europea sobre la mesa, Cataluña se ha puesto a la cabeza en España para eliminar este material de su territorio. En este artículo analizamos cómo está la situación actual, qué dice la ley y qué pasos debes seguir si necesitas retirarlo de tu propiedad de forma segura.
La presencia de amianto en edificios, casas y naves industriales sigue siendo enorme. Según los datos de la Comisión de Erradicación del Amianto de la Generalitat de Catalunya, todavía quedan más de 4 millones de toneladas de fibrocemento por retirar en toda la comunidad, acumuladas sobre todo en tejados, bajantes de comunidades de vecinos y tuberías de agua.
Los datos oficiales recopilados para el despliegue de los planes de erradicación reflejan la magnitud del reto:
Esta carrera contrarreloj responde a las directivas de la Unión Europea (Directiva 2009/148/CE y sus actualizaciones) que exigen la retirada total del amianto en edificios públicos antes de 2028 y en la totalidad del territorio antes de 2032.
El despliegue legal para la gestión de este residuo peligroso combina normativas estatales consolidadas con normativas autonómicas más recientes y específicas.
A nivel estatal, la norma clave es el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Esta ley deja muy claro que ningún particular ni obrero convencional puede tocar la uralita. Cualquier manipulación debe hacerla obligatoriamente una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y siguiendo un Plan de Trabajo aprobado por las autoridades.
Además, la Ley 7/2022 de Residuos obligó hace unos años a todos los ayuntamientos a crear un censo de amianto en sus municipios.
Cataluña ha querido ir un paso más allá aprobando su propia Ley para la erradicación del amianto en Cataluña a través del Parlamento de Cataluña. Esta ley pionera busca agilizar las inspecciones y dar más facilidades de cara a la eliminación del material.
Los puntos clave de la ley catalana incluyen:
Si se sospecha o confirma la presencia de fibrocemento en una comunidad de vecinos, vivienda unifamiliar o nave industrial, nunca se debe intentar manipular de forma particular. El proceso legal y seguro en Cataluña para retirarlo sigue una serie de fases obligatorias:
La manipulación casera o la contratación de operarios no autorizados para retirar la uralita es una infracción calificada como muy grave por la legislación española, con sanciones económicas que pueden superar los 60.000 euros, además de incurrir en posibles delitos contra la salud pública.
Aunque el amianto solo es peligroso cuando se fractura, se corta, se envejece o se manipula incorrectamente. Una empresa que no cumpla con los protocolos del RERA pondrá en riesgo inmediato la salud de los trabajadores, de los habitantes de la vivienda y de los vecinos colindantes al dispersar fibras microscópicas invisibles por el aire.
Por ello, es imprescindible contar con un equipo técnico homologado como LoMills, empresa experta en la Retirada de Amianto en Barcelona, quienes se encargarán de coordinar desde la inspección inicial y la redacción de los planes de trabajo obligatorios, hasta el transporte final hacia el vertedero autorizado, garantizando un proceso seguro, rápido y conforme a las exigencias de la nueva ley catalana.
