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Los colegios profesionales piden al Gobierno que apruebe cuanto antes una regulación que aporte seguridad jurídica y permita planificar la jubilación.
El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España han solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que acelere el desarrollo reglamentario de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA, con el objetivo de ofrecer una solución a los profesionales afectados.
Las organizaciones han trasladado esta petición a la ministra Elma Saiz, insistiendo en la necesidad de culminar la tramitación del reglamento y establecer un marco normativo que garantice la seguridad jurídica de los mutualistas.
Las entidades consideran que el próximo Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2026 representa una oportunidad para avanzar en la aprobación del reglamento que debe desarrollar la pasarela al RETA.
En este sentido, reclaman al Ejecutivo que aproveche esta fecha para impulsar una regulación que permita dar respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de tres años por asociaciones, plataformas, colectivos y sindicatos de mutualistas.
El Consejo General de la Abogacía Española ha recordado, mediante un informe sobre la viabilidad de la aprobación del real decreto, que todavía existe margen para avanzar en la tramitación reglamentaria.
Según las organizaciones firmantes, la situación afecta a más de 150.000 profesionales, entre ellos arquitectos, arquitectos técnicos y abogados vinculados a sistemas de previsión social alternativos al RETA.
La falta de una regulación definitiva genera incertidumbre, especialmente entre quienes se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación y necesitan conocer las condiciones que podrían aplicarse a su futura protección social.
Por este motivo, las entidades consideran prioritario establecer un marco normativo claro que permita a los mutualistas tomar decisiones sobre su jubilación y planificación económica.
La petición conjunta pone el foco en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y legislativos para resolver una situación que afecta a diferentes colectivos profesionales.
Las organizaciones mantienen así su reclamación de que el Gobierno avance en la aprobación de la pasarela al RETA, con el objetivo de proporcionar certidumbre sobre el futuro de los profesionales afectados.
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