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Un análisis de 300 licitaciones detecta avances ambientales, pero menor presencia de criterios sociales y carencias en seguimiento, materiales y ciclo de vida.
La contratación pública en construcción incorpora progresivamente criterios de sostenibilidad, aunque con diferencias significativas entre las dimensiones medioambiental, social y de gobernanza. Así lo recoge el Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PWC y Aenor a partir del análisis de 300 pliegos de 100 entidades públicas.
El estudio señala que el 63% de los tipos de cláusulas identificados corresponde a aspectos medioambientales, frente al 25% relacionado con gobernanza y el 13% correspondiente a cuestiones sociales.
La incorporación conjunta de las tres dimensiones continúa siendo limitada. De los 300 pliegos estudiados, 42, el 14%, incluyen al menos la mitad de los 28 criterios evaluados. Además, únicamente el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral definido en la metodología del Observatorio.
La muestra comprende 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales y analiza criterios aplicados a distintas fases del ciclo de vida de los edificios, desde los materiales y el diseño hasta la construcción, utilización, mantenimiento y desmantelamiento.
Dentro de las cláusulas medioambientales, la gestión de residuos aparece en el 71% de las entidades analizadas, convirtiéndose en el criterio ambiental con mayor presencia.
Le siguen la adecuación de la obra al entorno, presente en el 53%; el uso de energías renovables, en el 51%; la eficiencia energética, en el 38%; los informes ambientales, en el 37%; y la gestión de emisiones, en el 32%.
El análisis detecta, sin embargo, una presencia reducida de criterios relacionados con materiales, consumo de agua y certificaciones ambientales de los edificios. Esto provoca, según el informe, que la sostenibilidad ambiental se aborde con frecuencia mediante medidas específicas en lugar de aplicarse de forma transversal al proyecto.
Miren Tellería, socia responsable del sector Inmobiliario en PWC, señala que la contratación pública dispone de margen para extender los criterios sostenibles a todas las fases de construcción. Entre las líneas planteadas se encuentra la incorporación de criterios medibles y aplicables que permitan evaluar los resultados ambientales, sociales y de gobernanza.
La dimensión social presenta una implantación menor y se concentra en tres de las 28 categorías estudiadas.
La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad aparece en el 97% de las entidades, mientras que las medidas relacionadas con igualdad de género están presentes en el 81%. Los requisitos vinculados a accesibilidad aparecen únicamente en el 12%.
El Observatorio señala que los dos primeros porcentajes están relacionados principalmente con obligaciones legales y criterios de desempate entre ofertas, por lo que no siempre implican requisitos con incidencia directa sobre la ejecución de las obras.
En materia de gobernanza, la gestión de riesgos está presente en el 53% de las entidades analizadas. Le siguen la identificación y estudio de puntos críticos, con un 31%; la ciberseguridad y seguridad de la información, con un 19%; y el compliance, con un 17%.
La metodología Vdc, Virtual Design And Construction, aparece en el 16%, mientras que los sistemas Lean Construction están presentes en el 3%.
Uno de los aspectos señalados por el informe es la falta de procedimientos estandarizados para verificar durante la ejecución del contrato los compromisos incluidos en las ofertas. Esta situación dificulta comparar lo adjudicado con lo finalmente ejecutado y establecer medidas correctoras cuando se producen desviaciones.
Yolanda Villaseñor, directora corporativa de Certificación De Producto de Aenor, destaca la necesidad de incorporar "objetivos claros, indicadores verificables y mecanismos efectivos de seguimiento" para trasladar las condiciones establecidas en los pliegos a resultados medibles durante el ciclo de vida de los edificios.
El estudio también identifica margen de mejora en los criterios relacionados con materiales de construcción y ejecución de las obras.
De los 28 tipos de cláusulas estudiados, únicamente cuatro están relacionados con materiales y ninguno incorpora criterios sociales o de gobernanza.
Cuando se establecen condiciones ambientales para los materiales, estas se concentran principalmente en el contenido reciclado, presente en el 57% de los pliegos. El informe detecta además una falta de parámetros homogéneos para verificar su cumplimiento.
Las certificaciones de calidad aparecen en el 26% de los documentos analizados, mientras que la Certificación De Calidad Aenor figura en el 59%. Las referencias específicas a certificaciones medioambientales son, según el Observatorio, puntuales.
A partir de los resultados, el Observatorio plantea siete ámbitos de mejora para incorporar la sostenibilidad de manera más transversal en la contratación pública.
Entre ellos se encuentran un mayor equilibrio entre criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como una consideración sistemática de residuos, materiales, agua, energía, emisiones y certificaciones ambientales.
El informe también propone reforzar la trazabilidad y supervisión de los compromisos ESG, introducir objetivos cuantificables e indicadores verificables y aplicar un enfoque de ciclo de vida que otorgue mayor peso a los materiales y a la propia fase de construcción.
En materia de prescripción, plantea avanzar hacia criterios técnicos verificables para seleccionar materiales, incluyendo parámetros relacionados con huella ambiental, durabilidad, toxicidad, circularidad y trazabilidad.
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