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Cataluña pacta limitar compras especulativas de vivienda en zonas tensionadas: topes, sanciones y efectos para el mercado del alquiler.
El Govern de Cataluña y los Comuns cierran un acuerdo político para reformar la ley urbanística catalana y limitar las compras especulativas de vivienda en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. Aunque a menudo se presenta como “una nueva ley en España”, por ahora no es una norma estatal: es una iniciativa autonómica, con potencial efecto demostración para otras comunidades si prospera en el Parlament.
La medida nace con un objetivo explícito: que la vivienda comprada en estas zonas se destine a residencia habitual o a alquiler residencial con rentas reguladas, reduciendo el margen para operaciones de “compra, reforma y reventa”, vivienda vacía o fórmulas para maximizar rentabilidades en mercados de alta demanda.
Según RTVE, la reforma habilitaría a los ayuntamientos de los 271 municipios tensionados en Cataluña, que concentran alrededor del 90% de su población, a aprobar planes urbanísticos especiales para impedir compras con fines especulativos.
En la práctica, el esquema acordado introduce restricciones por perfil de comprador y uso final:
El acuerdo incorpora, además, un bloque sancionador: se tipifican supuestos “muy graves”, como simular operaciones o fraude de ley, con multas que pueden llegar a 1,5 millones de euros.
La vía elegida es una reforma de la Ley de Urbanismo catalana, que, según El País, se apoya en informes encargados a expertos para justificar su encaje constitucional y su viabilidad.
El acuerdo político incluye la intención de acelerarlo en el Parlament, con el objetivo de que quede operativo en la primera mitad de 2026, “antes de verano”, según la formulación recogida por RTVE.
En el bloque favorable, el Ministerio de Vivienda respaldó el acuerdo y aplaudió la determinación de la Generalitat “para preservar la función social de la vivienda”, además de volver a pedir a comunidades reticentes que apliquen la Ley de Vivienda estatal.
En el plano catalán, el pacto se presenta como una herramienta para frenar compras orientadas a maximizar plusvalías o rentas en mercados tensionados. El País describe el objetivo central como que el comprador destine el inmueble a residencia habitual, limitando la compra con fin comercial o especulativo.
Además, el acuerdo llega acompañado de cifras presupuestarias: El País informa de un aumento de las partidas de vivienda de 750 a 1.200 millones de euros, y cita a Jéssica Albiach calificándolo como “un salto enorme”.
Las críticas se concentran en dos ejes: seguridad jurídica y efectos de mercado.
Desde el sector inmobiliario, Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, advierte de un riesgo de “inseguridad jurídica” y de que el capital se desplace a mercados más estables. En su valoración, “no solo estamos ante una medida contra la especulación… puede frenar la profesionalización del mercado de alquiler”.
En una línea más política, el personal shopper inmobiliario Iñaki Unsain interpreta el pacto como “una cesión acelerada para aprobar los presupuestos” y cuestiona que se convierta la vivienda en “moneda de cambio” en lugar de una política de largo plazo.
Para los actores profesionales, el impacto no está solo en “si se puede comprar”, sino en cómo se documenta el uso, cómo se define el perímetro de gran tenedor, y qué ocurre con estrategias de inversión habituales en mercados urbanos:
