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2026 se perfila como un año clave para la rehabilitación energética del parque residencial en España, impulsada por la nueva normativa europea, los planes públicos de renovación y el impacto directo de la eficiencia energética en el ahorro, el valor inmobiliario y la descarbonización.
El año 2026 apunta a convertirse en un punto de inflexión en la transformación energética del parque residencial español. La combinación de la actualización del marco normativo de la Unión Europea, los planes del Ministerio de Vivienda y el consenso creciente sobre la eficiencia energética como motor de ahorro y sostenibilidad está llamada a acelerar la rehabilitación energética de viviendas, con efectos directos sobre el sector inmobiliario y la economía en su conjunto.
Actualmente, el parque residencial concentra en torno al 30% del consumo energético final mundial y cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, gran parte vinculadas a calefacción, agua caliente sanitaria y climatización. Por ello, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas se identifica como una de las palancas clave contra el cambio climático, según el informe Energy Efficiency 2025, publicado por BUILD UP y Renovate Europe.
Más allá del impacto ambiental, la rehabilitación energética ofrece beneficios económicos directos a los propietarios. Una renovación profunda puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura energética anual, mientras que las viviendas con mejor calificación energética alcanzan un valor de mercado entre un 8% y un 12% superior, según estimaciones de idealista y Tinsa.
Aunque España ha reducido un 10% el consumo energético residencial entre 2020 y 2023, solo el 1,1% del parque de viviendas cuenta actualmente con calificación energética A, la más eficiente, según datos de Brainsre y el IDAE.
La Unión Europea ha fijado 2030 como horizonte para mejorar la eficiencia energética del parque residencial, pero España deberá adaptar su normativa antes de mayo de 2026 a la nueva directiva comunitaria. Este proceso dará lugar a un marco regulatorio más exigente, que afectará de forma progresiva a la venta y el alquiler de viviendas, en línea con los objetivos climáticos europeos.
Según el Ministerio de Vivienda, estas medidas obligarán a rehabilitar más de ocho millones de viviendas para cumplir la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, que establece una calificación mínima E para vender o alquilar, con el objetivo de reducir emisiones de CO₂, descarbonizar el parque inmobiliario y combatir la pobreza energética.
En este contexto, Felipe Reuse, director general en España de Property Partners, señala que “la nueva normativa europea va a actuar como un catalizador del mercado”. Según su experiencia, muchos propietarios de viviendas antiguas se enfrentarán a la decisión de invertir en rehabilitación energética o vender, lo que podría incrementar la oferta y generar oportunidades para compradores e inversores orientados a la renovación.
La tasa actual de rehabilitación energética en España se sitúa en apenas el 0,08% del parque total, lejos del 2% anual que marca la Comisión Europea como objetivo mínimo. Países como Francia, Alemania o Italia presentan ratios significativamente superiores.
A escala europea, la Fundación Renovate Europe estima que una adopción generalizada de medidas de eficiencia energética permitiría alcanzar ahorros de hasta 312.000 millones de euros anuales en 2050, considerando costes energéticos, salud pública y productividad.
Desde Property Partners, especializados en la gestión de activos residenciales y comerciales, se constata una creciente demanda de viviendas sostenibles, especialmente en el segmento de alto valor. En palabras de Reuse, “la transición energética no es una tendencia, sino una necesidad”, y 2026 marcará un antes y un después en la forma en que el mercado valora la eficiencia energética como activo inmobiliario estratégico.
