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El 54,4% de la ciudadanía cambia rutas por falta de accesibilidad. Un informe de TK Elevator evidencia impacto social, económico y territorial de la movilidad accesible.
La falta de accesibilidad sigue limitando la movilidad diaria en España. Según el informe Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España, elaborado por TK Elevator, más de la mitad de la población evita zonas con barreras arquitectónicas y un tercio deja de visitar a familiares o comercios sin sistemas de elevación.
El estudio revela que el 54,4% de las personas ha modificado rutas habituales para sortear dificultades de acceso. Asimismo, un 33% reconoce haber dejado de visitar a familiares o amistades debido a la ausencia de ascensores o a la presencia de barreras arquitectónicas, y el 43% evita comercios con limitaciones similares.
La accesibilidad también condiciona decisiones estratégicas de vida: el 40,5% de los encuestados afirma haber elegido vivienda o empleo teniendo en cuenta la disponibilidad de soluciones de movilidad accesible, y la mitad aplica este criterio al planificar viajes.
Aunque tradicionalmente asociada a personas mayores o con movilidad reducida, la percepción de falta de accesibilidad es elevada entre adultos jóvenes. El estudio muestra que el 38% de quienes tienen entre 35 y 49 años detecta obstáculos en los edificios que frecuenta, y el 36% de la población de 18 a 34 años comparte esta visión.
El análisis apunta a demandas crecientes de entornos adaptados a rutinas cotidianas (carritos, bicicletas, maletas) en un grupo demográfico especialmente activo.
La accesibilidad se consolida también como factor de competitividad territorial. Uno de cada tres encuestados percibe que incorporar sistemas de movilidad incrementa el valor económico del entorno. Entre quienes han realizado reformas, el 62% afirma que estas actuaciones elevan tanto el valor de la propiedad como el del barrio.
Más allá de lo económico, el 46% de quienes impulsaron mejoras asegura haber ganado autonomía y el 40% identifica beneficios en la convivencia vecinal. El informe concluye que la inversión en accesibilidad no debe interpretarse como gasto, sino como herramienta para reforzar bienestar, cohesión y valor urbano.
A nivel autonómico, las mayores tasas de actuaciones en accesibilidad residencial se registran en País Vasco, 28,7%, Madrid, 28,4%, Castilla y León, 25%, y Cataluña, 24,2%.
Existe un amplio consenso social: el 88% considera que la accesibilidad debe garantizarse en todos los edificios, públicos y privados. Sin embargo, solo el 18,5% de la ciudadanía conoce la existencia de ayudas públicas y únicamente el 9,4% de quienes han ejecutado reformas ha accedido a estos fondos.
El informe subraya la necesidad de políticas activas de modernización del parque edificatorio y de mayor comunicación institucional sobre recursos y beneficios. Según Pedro Martín, CEO de TK Elevator para la región sur de Europa y África, la cooperación público-privada es esencial para impulsar un modelo de movilidad inclusiva y sostenible.
El estudio, basado en encuestas a más de 3.400 personas y entrevistas a 12 entidades especializadas (entre ellas Fundación ONCE, Metro de Madrid, Metro de Bilbao, ETSAB y Savills), constituye el primer diagnóstico nacional sobre movilidad accesible y su impacto urbano, económico y social.
El documento busca servir como referencia para la acción conjunta entre ciudadanía, administraciones y sector privado. Para Pedro Martín, “la accesibilidad debe entenderse como un motor de igualdad de oportunidades y progreso urbano”.
