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El anteproyecto de ley que el Gobierno de Aragón está impulsando, cuyo objetivo es gravar las inversiones en energías limpias, amenaza el desarrollo renovable en esta región, poniendo en grave riesgo miles de millones de euros en inversiones y miles de empleos que hoy se dedican a las energías renovables en Aragón.
Las principales asociaciones del sector renovable nacional, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) denuncian este impuesto en un momento crucial para el desarrollo renovable.
Las energías renovables están experimentando un fuerte crecimiento a nivel global, europeo y nacional, con un mercado que supera los 350.000 millones de dólares en inversión internacional. En los últimos años está inversión se ha traducido en un récord instalador en nuestro país, por lo que sorprende sobremanera la intención del Gobierno de Aragón de crear un impuesto que frene estas inversiones en la región.
Las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas se verían afectados por el gravamen que está tramitando el gobierno aragonés, frenando la inversión en nuevos desarrollos renovables y la electrificación, necesaria para dotar al territorio aragonés de energía limpia y autóctona.
Además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, el gravamen podría ser contrario al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables. El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo, considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y determina que no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos ambientales, por lo que no se podría justificar un nuevo impuesto que, en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos.
La creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, dañaría gravemente la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo innecesariamente los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región.
Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada. En 2023, más del 50% de la generación eléctrica de nuestro país fue de origen renovable, teniendo la región aragonesa un importante papel en este logro. Debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se esperaba que Aragón experimentase un gran desarrollo asociado a este impulso a las energías renovables, sin embargo, la creación de impuestos regionales específicos puede poner en peligro este impulso.
Esta amenaza podría afectar también a las decisiones de inversión en otras industrias, debido al efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes. La competitividad alcanzada por estas energías hace que otras industrias puedan beneficiarse de costes energéticos reducidos mediante la contratación de PPAs (contratos de compra-venta de energía), consiguiendo ventajas competitivas que, con esta regulación, se ponen en riesgo. Debido a esto, el desarrollo industrial se está produciendo en regiones donde se implantan renovables debido a la seguridad de suministro y la competitividad de los costes energéticos. La política fiscal planteada pone en riesgo futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables.
Adicionalmente, la norma establece gravámenes a las líneas eléctricas, algo que afectará al desarrollo renovable y a la necesaria electrificación de la sociedad, privando a particulares y empresas de cambiar sus consumos fósiles por un consumo eléctrico más sostenible y menos contaminante.
Nuestro país cuenta en la actualidad con unos ambiciosos objetivos de desarrollo renovable, teniendo como meta alcanzar el 81% de la electricidad proveniente de estas energías, y el 42% de la energía total para el año 2030, lo que implica la realización de fuertes inversiones en España en los próximos siete años. De forma concreta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima en cerca de 92.000 millones de euros las inversiones en energías renovables que se llevarán a cabo hasta el final de la década, cifra que se revisará al alza con la actualización del Plan.
Dado que el Pniec no especifica en qué región deben llevarse a cabo estos proyectos, establecer impuestos regionales tendrá como consecuencia que las compañías y los inversores escojan otros emplazamientos, suponiendo un perjuicio económico claro para Aragón.
