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El Ejecutivo español ha aprobado un segundo paquete de medidas para paliar los daños causados por la DANA que afectó recientemente a la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las medidas clave, se destaca la inclusión de los inquilinos como beneficiarios de ayudas para enseres domésticos y la creación de fondos para adquirir viviendas destinadas a quienes hayan perdido sus hogares temporal o permanentemente.
Por primera vez, los inquilinos de las zonas afectadas podrán beneficiarse de ayudas para la reposición de enseres, sin que estos deban ser de primera necesidad. Así, tanto arrendatarios como propietarios de viviendas arrendadas podrán optar a recibir hasta 10.320 euros por los daños en enseres domésticos, ampliándose los beneficiarios incluidos en el Real Decreto-ley 6/2024.
Para solicitar la ayuda, bastará con que los inquilinos presenten su contrato de arrendamiento o documentación similar. Además, se incluyen en esta normativa a los propietarios de viviendas arrendadas a inquilinos con residencia habitual, quienes también podrán reclamar ayudas en caso de daños en el inmueble o enseres contemplados en el contrato de alquiler.
El Gobierno ha destinado 25 millones de euros a Sepes, entidad pública de suelo, para la adquisición de viviendas que puedan alojar a personas que hayan perdido sus hogares debido a los daños causados por la DANA. Estas viviendas, que deberán estar listas para ser ocupadas de inmediato o en el menor tiempo posible, buscan ofrecer una solución de alojamiento urgente y seguro a los damnificados de las zonas afectadas.
Para facilitar el acceso a las ayudas, se ha aprobado el anticipo del 50% de las cuantías concedidas mediante una declaración responsable, mientras que el resto del importe se abonará una vez verificados los requisitos.
Además, Sareb pone a disposición de los afectados 150 viviendas en zonas impactadas, amuebladas y listas para ser ocupadas, de forma gratuita y a partir de esta semana. También se ha anunciado la exención temporal del pago de alquiler a 800 familias en la Comunitat Valenciana y en localidades de Castilla-La Mancha durante los próximos tres meses.
Para agilizar la reconstrucción y facilitar la disponibilidad de suelo para vivienda pública en las áreas afectadas, se creará un grupo de trabajo y una comisión intersectorial de coordinación. El objetivo es simplificar la obtención de suelos finalistas para construir viviendas de protección pública mediante la reducción de trámites y el uso de procedimientos de urgencia. Asimismo, se han aprobado ayudas de diez millones de euros para que los municipios adapten sus Planes de Acción Local a las posibles consecuencias climáticas, permitiendo identificar y priorizar proyectos urbanísticos esenciales.