Empresas Premium
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el próximo 8 de marzo, permitirá zanjar la contratación de ingeniería low cost en nuestro país, en opinión del Foro para la Ingeniería de Excelencia, Fidex, que agrupa a las once principales ingenierías españolas. Fidex pide que las administraciones y entidades públicas no se limiten a otorgar al criterio técnico el 51% mínimo que permite la ley, sino que se alcance el 80% en los pliegos de contratación (y el 20% restante al precio).
Fidex pidió al Ministerio de Fomento que, aprovechando el cambio del marco legal, “no se ciña a los límites mínimos que marca la nueva legislación, sino que contrate como hacen los países más desarrollados y los grandes organismos internacionales”. Así, entidades como el Banco Mundial, la Comisión Europea, los bancos de desarrollo europeo, americano y africano puntúan las ofertas otorgando a la calidad un 80% y al precio un 20%. Incluso, el Banco Asiático de Desarrollo va un paso más allá y establece la relación en un 90-10.
El Foro propone como referencia a seguir esos mismos pliegos de contratación que utilizan estos organismos, y que incorporan criterios técnicos objetivos que se pueden aplicar a la hora de evaluar y puntuar ofertas. “Tradicionalmente, desde la administración pública española se ha considerado que lo único objetivo era el precio, cuando en realidad son y deben ser puntuables aspectos como la experiencia, los recursos humanos y técnicos, etc.”, afirman.
Al mismo tiempo, Fidex propone cambiar la forma de evaluación de la oferta económica, manteniendo la práctica de puntuar mejor a quien oferta más barato (siempre que la oferta sea técnicamente aceptable y no esté incursa en presunción de temeridad), pero evitando dar cero puntos a las ofertas que se ajustan a la cantidad propuesta como presupuesto base de la licitación, que está fijada por los propios técnicos de la Administración.
“Como sucede en los pliegos de las entidades internacionales mencionadas anteriormente, en ningún caso se debería otorgar cero puntos a una propuesta económica que se ajusta a la cantidad que los técnicos de la Administración han considerado como adecuada para el trabajo, puesto que equivale a rechazar la oferta de facto, ya que es prácticamente imposible compensar este ‘cero’ con la puntuación de la parte técnica”.
