por DPArquitectura 10 de abril, 2019 Detalles comentarios Bookmark and Share
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La Audiencia Nacional emite una nueva sentencia favorable a la CNMC y en línea, una vez más, con las tesis defendidas por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España sobre la realización de los IEE por los Ingenieros Técnicos Industriales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obtenido una nueva sentencia de la Audiencia Nacional favorable a que los Ingenieros e Ingenieros Técnicos puedan firmar los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) e Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE). 

Se trata de una sentencia en contra de una resolución del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), que figura como Administración demandada, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que se indica como codemandado.

En la argumentación de la sentencia, el Tribunal señala que ya se ha pronunciado acerca de esta cuestión en distintas resoluciones, y a cuya fundamentación jurídica se remite. También existen sentencias sobre esta materia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han sentado jurisprudencia y suponen un punto de inflexión para la liberalización del sector, tradicional reclamo del COGITI, y del colectivo de Ingenieros Técnicos, en general.

De este modo, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 21 de marzo incide y reitera la no exclusividad de los arquitectos y arquitectos técnicos en la emisión de los Informes de Evaluación de Edificios, apoyándose en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y de reserva de actividad.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Santa Pola de 23 de octubre de 2015, fue inadmitido un informe de Inspección Técnica de Edificios residenciales por el hecho de estar firmado por un ingeniero técnico y no por un arquitecto. Además, un acuerdo dictado aproximadamente un mes después por la misma Corporación, el 27 de noviembre, desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior.

La CNMC interpuso un recurso contencioso-administrativo contra las citadas resoluciones del Consistorio de Santa Pola, en el que solicitaba la nulidad de las mismas por no ser conformes a derecho. 

La sentencia de la Audiencia Nacional establece que "la competencia en cada caso concreto deberá determinarse, además de por el contenido de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto de que se trate. Por esa razón es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de Informes de Evaluación de Edificios conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 5 de la LGUM. Ello imponía no vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, como hace la resolución recurrida, con remisión al dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana".

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